La trágica muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro, ha provocado un intenso estallido de protesta social que ha trasladado el eje de la indignación desde la Puerta del Sol hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
La marcha se organizó de forma espontánea tras guardarse un minuto de silencio en la plaza madrileña, donde cientos de personas debatían las siguientes acciones del movimiento. La tristeza derivó con rapidez en indignación, impulsando a la columna de manifestantes a recorrer los escasos setecientos metros que separan el campamento del Congreso de los Diputados.
Los manifestantes avanzaron con la intención de rendir homenaje a quien se había convertido en el rostro más visible del drama habitacional y exigir que su caso suponga un punto de inflexión definitivo en el sistema inmobiliario y legislativo del país.
Ante la llegada masiva de los manifestantes a la Carrera de San Jerónimo, la Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con vallado de protección para bloquear el acceso a la fachada principal del recinto parlamentario.
Sin registrarse incidentes violentos, los concentrados encendieron decenas de velas frente al cordón policial y alzaron las manos hacia el cielo entre proclamas dirigidas a las fuerzas políticas, el Ejecutivo y los fondos de inversión inmobiliaria, señalando la responsabilidad institucional en el desenlace de la anciana y reivindicando el derecho a la vivienda como una prioridad social inaplazable.
El fallecimiento de Maricarmen Abascal y la consecuente reacción en las calles vuelven a situar la crisis de la vivienda en el centro absoluto de la agenda política nacional. La tensión social escala en un momento de especial complejidad parlamentaria, marcado por el reciente rechazo en la Cámara Baja a iniciativas legislativas orientadas al control de los alquileres y a la paralización de desahucios a personas vulnerables, lo que llevó al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a convocar elecciones.
Tras semanas de protestas que se han extendido a varias ciudades del país, colectivos sociales y sindicatos de inquilinos estudian intensificar sus acciones convocando nuevas movilizaciones a escala general, mientras la presión ciudadana exige respuestas urgentes para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.
